Historia de una diplomacia errónea (1830-2024) – UGO STORNAIOLO

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Vale la pena recordar una frase del célebre arzobispo quiteño, Federico González Suárez, quien, en 1910 (con tropas de ambos países a un paso de la confrontación), dijo: «si ha llegado la hora de que el Ecuador desaparezca, que desaparezca, pero no enredado en los hilos de la diplomacia, sino en los campos del honor, al aire libre y con el arma al brazo», lo que prueba, desde entonces, los desatinos diplomáticos ecuatorianos.

No es la primera vez que a la cancillería ecuatoriana se le cuestiona por sus fallas o desatinos, permanentes a lo largo de la historia republicana, desde sus orígenes —con el diferendo territorial con el Perú— y más asuntos que demuestran que la política exterior del Ecuador no es del Estado, sino de cada gobierno que impone su corta visión de los problemas geopolíticos del mundo y de una diplomacia que no ha sido muy profesional, porque ha sido manejada desde siempre por elites políticas que han heredado de generación a generación esos privilegios.

Esta trágica historia inició con el litigio limítrofe con el Perú, que tuvo sus prolegómenos con la división territorial de 1824. El ideal de una América unida que soñaba Simón Bolívar, no pasó de ser una ilusión pasajera, pues poco antes de su muerte los territorios, que él había logrado juntar con derramamiento de sangre, estaban divididos y sumidos en guerras fratricidas.

Eso fue lo que pasó entre los nacientes Estados de Ecuador y Perú. Antes que el país sea una entidad autónoma, Perú trató de tomar por la fuerza territorios del sur y del Oriente. No lo consiguió, entonces, con los orientales de Jaén y Maynas, pero nunca pudo obtener las provincias de Azuay y Loja o el puerto de Guayaquil, un permanente objetivo sureño (de acuerdo con su doctrina del mar de Grau).

A posteriori, desde 1830 Perú se aprovechó de la ingenuidad e ignorancia del nuevo Estado para apropiarse de lo que no le pertenecía y empezar con su sistemática campaña de avance territorial. Se firmó en 1832 el tratado de límites y comercio Pando-Noboa (futuro presidente) ignorando que existían un tratado y un protocolo que habían puesto fin a las controversias en la frontera amazónica (el tratado de Guayaquil de 1829 y el Pedemonte-Mosquera de 1830), suscritos como resultado de la victoria grancolombiana frente a Perú en la Batalla de Tarqui de 1827. El presidente colombiano de esa época, Tomás Cipriano Mosquera, ocultó esos documentos, uno de ellos firmado por él mismo.

En este punto se llegó a 1859 cuando el Ecuador casi desaparece (y el futuro presidente, García Moreno, negociaba con el presidente peruano, el mariscal Ramón Castilla, con tropas peruanas ocupando el Golfo de Guayaquil). Cuatro Gobiernos provinciales dividían al ya pequeño Estado. A partir de entonces, acercamientos y alejamientos, tratados, acuerdos, desacuerdos y una diplomacia de cartón.

Tratados como el Herrera-García, de 1890, que no se llegó a promulgar ni a ser ratificado por las partes, especialmente porque el Perú no logró sus máximas aspiraciones. Los gráficos de los mapas de dicho instrumento buscaban segmentar aún más al país tratando de quitarle, a fines del siglo XIX, media región oriental (lo que ocurrió después). Los intentos posteriores de Arbitraje del Rey de España fueron finalmente un fracaso, por la causa mencionada: las aspiraciones sureñas.

Se estuvo al borde de la guerra en 1910. Eloy Alfaro llegó a la misma frontera para defender el territorio. Para entonces, las posesiones de facto del Perú hacían prever lo que luego pasó: la pérdida del Oriente. El tira y afloja posterior incluyó nuevos intentos arbitrales, como el de EE.UU. (iniciado en 1924 y terminado en 1936) y otras negociaciones que no se concretaron nunca por la posición peruana. El ataque de 1941 fue consecuencia de estos antecedentes, y fue planificado tres años antes en la Academia de Guerra de Lima.

Sobrevino una guerra que le restó al país casi toda la amazonía y un Protocolo que se firmó con la amenaza de desaparición del país en pocos días. A eso, se sumó la irresponsable actitud de un mal presidente, Carlos Arroyo del Río, el epílogo de ese gobierno y el nacimiento de un mal que azota al país hasta nuestros días: el populismo. La diplomacia, encabezada por el ministro Tobar Donoso, poco hizo para evitar la firma del Protocolo de Río de Janeiro.

En 1947 se descubrió que algo que se firmó no tuviera razón de ser: el divortium aquarium entre los ríos Santiago y Zamora, previsto como límite natural entre Ecuador y Perú para el cierre definitivo de la frontera, porque había otro río, el Cenepa. Desde entonces se alegaron mil y una tesis y argumentos inútiles para obtener la nulidad del Protocolo de Río. Los cancilleres de esa época tenían que sujetarse a las ideas de sus mandatarios (Velasco y sus tesis de nulidad y transacción honrosa y la tesis de inejecutabilidad de Galo Plaza, quien también dijo que “el oriente es un mito”)

Las dictaduras ecuatorianas de Rodríguez Lara y el triunvirato, así como la peruana de Velasco Alvarado mantuvieron buenas relaciones, lo cual desapareció, paradójicamente, con gobiernos democráticos. Así se llega a la guerra de 1981, que se pierde dejando una gran deuda económica y con una gama de posiciones -de acuerdo al color político de los gobernantes- para buscar la aceptación popular.

Luego, los días brillantes de la heroica defensa del Alto Cenepa, que mostró al mundo la imagen de un país unido, que con el defenestrado Abdalá Bucaram cambió por odio, intolerancia, grosería y vulgaridad, que volvió a su cauce normal —en el aspecto limítrofe— con el interinazgo de Fabián Alarcón y el gobierno de Jamil Mahuad, cuando se cerró la frontera, con muchos vacíos, pero una paz duradera.

La paz con el Perú: una paz necesaria, pero no necesariamente justa

El presidente Mahuad hizo el anuncio la mañana del 23 de octubre de 1998. «Hemos ganado la paz. Barcos ecuatorianos con bandera ecuatoriana, navegarán por el Amazonas y sus afluentes. Tendremos asentamientos de 150 hectáreas cada uno, para instalar en ellos bodegas y centros de exportación. Se reconstruirá el canal de Zarumilla. Además, una extensión de 100 hectáreas (1 kilómetro cuadrado), cedida en forma gratuita y perpetua al Ecuador, como propiedad privada: ahí está Tiwintsa», decía el mandatario emocionado.

Los presidentes de Ecuador y Perú, Jamil Mahuad (i) y Alberto Fujimori; en el acto de la firma de la paz en Brasilia en 1998. Foto: Archivo El Universo

Desde ese día los ecuatorianos vivieron una transición entre el optimismo desmedido y el pesimismo marcado. No todos quedaron satisfechos de la decisión emanada ese día por los garantes ni todos quedaron tristes. Lo cierto es que el Ecuador amaneció a una realidad que no quiso aceptar por 56 años: no era un país amazónico y así debía constar en todos los mapas.

En la primera quincena de junio de 1998, en la revista Visión se anticipaba en un 95 % la decisión arbitral de los cuatro países garantes (Argentina, Brasil, Chile y EE.UU.): trazar la raya por las altas cumbres de la Cordillera del Cóndor, como lo pretendía el Perú. No hubo concesión sobre el símbolo de la guerra del 95: el destacamento militar de Tiwintsa.

En el artículo 2 de la declaración arbitral de los garantes, del 23 de octubre, se estableció que … «el Gobierno del Perú dará en propiedad privada al Gobierno del Ecuador un área de un kilómetro cuadrado, en cuyo centro se encontrará el punto que el Ecuador proporcionó a la MOMEP (Misión de Observadores Militares Ecuador-Perú) denominado como Tiwintsa, en el sector reconocido por el Ecuador bajo la denominación de Tiwintsa». ¿De quién era Tiwintsa? De acuerdo al fallo, del Perú, que lo cedió de manera gratuita como un terreno privado, sin soberanía, al Ecuador. En ese lugar no se ha podido hacer ningún tipo de manifestación sin mediar una autorización peruana.

LA CANCILLERÍA ECUATORIANA, PRINCIPAL RESPONSABLE DE LA DESGRACIA Y TRAGEDIA DE LÍMITES ECUATORIANA, HIZO LLAMADOS PARA RESPETAR LA DECISIÓN Y NO MIRAR HACIA ATRÁS. DIJERON HABER NEGOCIADO, PERO LOS SECTORES MILITARES GUARDARON SILENCIO.

Se le concedió, además, al Ecuador, un callejón o camino carrozable de hasta cinco metros de ancho para que se desplacen sus ciudadanos hacia ese icono nacional, que «tendrá los derechos reales que confiera el Derecho Privado Nacional del Perú, salvo el derecho de transferir». Una propiedad privada sin soberanía, lo que en Derecho Internacional equivale a un «Pacto de Servidumbre», similar al que Fujimori quiso hacer con Bolivia en el puerto de Ilo.

La cancillería ecuatoriana, principal responsable de la desgracia y tragedia de límites ecuatoriana, hizo llamados para respetar la decisión y no mirar hacia atrás. Dijeron haber negociado, pero los sectores militares guardaron silencio. Fue sintomático ver al entonces ministro de la Defensa, José Gallardo (el mismo que actuó durante el conflicto del 95), derramar lágrimas en la proclamación del fallo.

Es pertinente considerar que, para el fallo definitivo, se tomó en cuenta el Protocolo de Río de Janeiro de 1942 (no consta la Cordillera del Cóndor como parte del divorcio de aguas entre los ríos Zamora y Santiago); el fallo o laudo del inspector brasileño Bras Dias de Aguiar, de 1945, que el Ecuador arguyó por mucho tiempo que no era arbitral; y los pareceres jurídicos emitidos de la comisión de expertos de los países garantes en junio pasado.

Solamente en lo de Tiwintsa los garantes operaron con magnanimidad y bondad de última hora, considerando los pedidos urgentes del presidente Jamil Mahuad en su gira, previa a la decisión el 18 y 19 de octubre, a Chile, Brasil y Argentina. Como también lo señalaba en un artículo escrito en junio de 1998 para la Revista Visión, Ecuador satisfizo, en una pequeñísima parte su ambición de llegar a las aguas del Amazonas, para construir dos pequeños embarcaderos de 150

hectáreas cada uno (no se han hecho) y de acuerdo con el presidente Mahuad, «establecer allá industrias y desarrollar el comercio». Una paz necesaria, pero no necesariamente justa. Perú mantuvo, pero también reivindicó, según expertos ecuatorianos, zonas que no eran de su propiedad hasta antes de 1995.

Hay quienes sostienen que se firmó fue otra «paz de rodillas», como la de 1942. El ex presidente Bucaram y otros políticos anunciaron juicios políticos contra el presidente Jamil Mahuad y el canciller José Ayala Lasso, por «traición». No fue la principal causa de la caída de Jamil Mahuad un año y medio después de esta firma, pero en algo coadyuvó (con la dolarización y la crisis bancaria) a este hecho en el que tuvo directo protagonismo el futuro presidente, coronel Lucio Gutiérrez (ex edecán de los ex mandatarios Abdalá Bucaram y Fabián Alarcón).

EN LA NEGOCIACIÓN DE 1942, EN LA QUE SE FIRMÓ EL PROTOCOLO DE RÍO, EL CANCILLER BRASILEÑO DE ENTONCES, OSVALDO ARANHA, LE DIJO A SU HOMÓLOGO ECUATORIANO, JULIO TOBAR DONOSO, QUE «LO PRIMERO QUE DEBÍA HACER EL ECUADOR ERA SER PAÍS”.

Vale la pena recordar una frase del célebre arzobispo quiteño, Federico González Suárez, quien, en 1910 (con tropas de ambos países a un paso de la confrontación), dijo: «si ha llegado la hora de que el Ecuador desaparezca, que desaparezca, pero no enredado en los hilos de la diplomacia, sino en los campos del honor, al aire libre y con el arma al brazo», lo que prueba, desde entonces, los desatinos diplomáticos ecuatorianos.

En la negociación de 1942, en la que se firmó el Protocolo de Río, el canciller brasileño de entonces, Osvaldo Aranha, le dijo a su homólogo ecuatoriano, Julio Tobar Donoso, que «lo primero que debía hacer el Ecuador era ser país”, dicho con tropas peruanas ocupando buena parte de las provincias del sur del país.

El Ecuador transitó desde ahí un camino de pérdida de la identidad nacional (el problema de límites unía al país), y la adquisición de una mediocridad en todos los ámbitos. Un país sin identidad, con políticos, diplomáticos y militares anodinos que gobiernan y una economía entregada a potencias hegemónicas, que manejan al país a su antojo, por el servilismo de una vulgar clase política.

La adhesión a la Convemar

Esta tragedia ecológica fue un efecto de la adhesión a la Convemar, impuesta contra la soberanía marina y la historia diplomática y militar de dos siglos de república, por el entonces presidente Rafael Correa, en el 2012, quien revisó la decisión del presidente Osvaldo Hurtado, quien, en 1982, cuando se suscribió la Convemar, negó la adhesión ecuatoriana a la Convención por ésta no reconocer la contribución ecuatoriana al derecho marino internacional, del cual nuestro país es pionero desde 1830, refiriéndose a la soberanía sobre el mar territorial de 200 millas, inscrita en el Art. 609 del Código Civil en 1966.

En la Declaración de Santiago, Chile, Ecuador y Perú (en 1952 y 1954) proclamaron sus derechos de soberanía y jurisdicción sobre un mar de 200 millas llamado “zona económica exclusiva”, que estableció “soberanía territorial marítima” y es ley internacional con diez años sin impugnación. Gustavo Noboa Bejarano en el 2002 inició como política de Estado ingresar a Convemar: Ecuador redujo su soberanía y jurisdicción sobre su mar de 200 millas, por 12 millas y una adicional de 188 y entregó a Costa Rica límites territoriales marítimos, midiendo el punto equidistante entre Isla del Coco y Galápagos.

Pero una carta náutica no es un tratado de límites ni delimita territorios. La zona económica exclusiva no igual que el mar territorial. La Guerra del atún, a inicios de los ‘70, se produjo en defensa de las 200 millas de mar territorial. Rafael Correa, el 9 de enero 2015, mutiló el mar territorial de 200 millas marítimas al entregar las Islas Galápagos a China en garantía del pago de “su” deuda por $ 5.296 millones y se adhirió a la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar.

POR UNA PRETENSIÓN DE CORREA, LA CIUDADANÍA UNIVERSAL, DONDE COADYUVARON COMO RICARDO PATIÑO O GUILLAUME LONG (UN FRANCÉS-BRITÁNICO-ECUATORIANO, QUE OCUPÓ UN CARGO Y UNA FUNCIÓN INCOMPATIBLE CON SU ORIGEN) SE SIGUE PRODUCIENDO ESTA SANGRÍA O ÉXODO QUE INCLUYE A MILES DE ECUATORIANOS.

El canciller Guillaume Long (inglés-francés-ecuatoriano), presentó la Carta Náutica como un hito histórico (falso). Long dijo al presidente Solís de Costa Rica que “multiplica el territorio”. Long ignoraba la historia. Pero que Correa tampoco conocía sobre los límites del mar territorial y el Derecho Territorial era otra cosa y se inventó que amplió los límites territoriales del mar ecuatoriano.

Guillaume Long fue canciller del gobierno de Rafael Correa. Foto: Archivo

La Carta Náutica, según la Convemar, sustituyó el mar territorial de 200 millas por uno de 12 y fijó el carácter internacional de las aguas adyacentes, dentro de las cuales reconoce como zona económica exclusiva a favor del Estado ribereño, 188 millas. Zona económica exclusiva no es lo mismo que mar territorial. Se los derechos de soberanía territorial marítima. “La adhesión de Correa a la Convemar fue una mutilación territorial marítima de más de 1 millón de km2”.

Mientras tanto, cerca de la frontera, desde hace años no se detiene el avance de migrantes de diversas nacionalidades buscando, de cualquier manera, arribar a EE.UU., cruzando muros, ríos o desiertos. Centroamericanos, haitianos, venezolanos, ecuatorianos o cubanos siguen intentándolo. Por una pretensión de Correa, la ciudadanía universal donde coadyuvaron personajes poco duchos en diplomacia como Ricardo Patiño o Guillaume Long (un francés-británico-ecuatoriano, que ocupó un cargo y una función incompatible con su origen) se sigue produciendo esta sangría o éxodo que incluye a miles de ecuatorianos. Todos jugándose la vida en el estrecho del Darién.

Los desatinos del tiempo presente

El turbulento manejo de la diplomacia en el corto período actual causa muchos roces internacionales. Las decisiones del gobierno provocan dudas e, incluso, roces con otros Estados. El último episodio es el rompimiento de las relaciones con México.

Los desacuerdos y pleitos internacionales del Ecuador siempre dependen del gobierno de turno y su respuesta a coyunturas o provocaciones, como en el caso del bombardeo colombiano al campamento de Angostura, con la muerte del segundo de las FARC, Héctor Devia, alias Raúl Reyes y provocó un cruce de miradas amenazantes -las de Correa a Uribe- en la cumbre de presidentes latinoamericanos en República Dominicana en 2008.

El presidente Daniel Noboa no parece tener claro qué es la diplomacia. Generó el conflicto diplomático con México, por ordenar la incursión en la Embajada de ese país en Quito y la detención del exvicepresidente Jorge Glas, causando la ruptura de una relación bilateral que se mantenía en niveles normales. Se pensaba que la doble nacionalidad (ecuatoriana-mexicana) de la ministra del Interior, Mónica Palencia, suavizaría la situación. El presidente Andrés Manuel López Obrador retiró al personal diplomático de Ecuador y suspendió la atención consular. Hay condenas a la violación de la Embajada en todos los foros.

Gabriela Sommerfeld, ministra de Relaciones Exteriores. Foto: Cancillería Ecuador

A la cabeza del Ministerio de Relaciones Exteriores está la canciller Gabriela Sommerfeld, una empresaria de la aviación y turismo, que incursiona por primera vez en diplomacia. Se podría decir lo mismo del ministro de defensa, Giancarlo Loffredo, experto en artes marciales que mostraba videos en Tik Tok.

UNA GESTIÓN DIPLOMÁTICA POLÉMICA Y CON DUDAS. VALE LA PENA HACER UN RECUERDO DE OTROS DESATINOS: EL DESTIERRO DE LA VICEPRESIDENTA VERÓNICA ABAD A ISRAEL (EN MEDIO DEL CONFLICTO ISRAEL/HAMAS), TRAS CONSTATARSE QUE TENÍA AGENDA PROPIA, CONTRARIA A LA DEL MANDATARIO. UNA MUESTRA DE ESTO TAMBIÉN FUE APRESAR A SU HIJO.

Una gestión diplomática polémica y con dudas. Vale la pena hacer un recuerdo de otros desatinos: el destierro de la vicepresidenta Verónica Abad a Israel (en medio del conflicto Israel/Hamas), tras constatarse que tenía agenda propia, contraria a la del mandatario. Una muestra de esto también fue apresar a su hijo, acusado por tráfico de influencias en la vicepresidencia, mientras su madre estaba ausente.

Para designar al embajador en la ONU, en un puesto delicado, porque Ecuador es parte del Consejo de Seguridad, Noboa escogió al ex secretario anticorrupción de Lenin Moreno, José de la Gasca, un abogado penalista sin experiencia que dejó su anterior cargo sin trascender. Su puesto fue ocupado en el gobierno de Guillermo Lasso por el abogado y articulista Hernán Pérez Loose, experto en litigio y arbitraje internacional en comercio. En un pasado lejano fue parte de las misiones de paz en el diferendo con el Perú.

En el caso denominado “chatarra” rusa Noboa provocó no solo un problema entre Rusia y EE. UU., al ofrecer chatarra bélica rusa a Washington. El régimen de Putin aplicó represalias e impidió que la exportación de claveles ecuatorianos llegue a Rusia, con graves afectaciones a la economía de los floricultores.

Aunque no se supo los entretelones de la negociación y se regresó al estado anterior, muchos exportadores perdieron millones de dólares. En este gobierno, incluso antes de que estalle el conflicto con México, no había embajador en ese país ni en EE. UU. A eso hay que agregar la salida de la embajadora Ivonne Baki (experta en lobby, pero no en relaciones internacionales) de la embajada en Washington para ser trasladada a París.

Noboa designó para este cargo a una joven abogada, Soledad Peña Plaza, con la edad mínima para ser embajadora (30 años). EE. UU. mantuvo silencio diplomático por algunos meses (señal inequívoca de rechazo) y luego no otorgó el beneplácito a la hija del director del IESS, Eduardo Peña Hurtado y nieta del exvicepresidente Eduardo Peña Triviño. Todavía no hay reemplazo.

Lo mismo sucede en México, tras la salida del excanciller y embajador Francisco Carrión en octubre de 2023. Con el rompimiento de relaciones con ese país, se mantiene una incertidumbre, que es parecida respecto a Venezuela.

En enero, la canciller Sommerfeld dijo que Ecuador no reconocía la presidencia del Nicolás Maduro, pero dos días después, el presidente Noboa dijo que eran declaraciones fuera de contexto. «No es que no reconocemos (al Gobierno de Maduro), sino a “que no haya elecciones libres en Venezuela». Anunció desde ya que no reconocerá el resultado de las próximas elecciones, “porque no son democráticas”.

(*) Uno de los doctorados del autor es en derecho internacional y elaboró su tesis sobre el diferendo limítrofe con el Perú.

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