La política exterior, hace relación a la actividad que despliega el Estado, en el plano internacional, para alcanzar sus objetivos, teniendo como base los intereses nacionales; la diplomacia, en cambio, es su instrumento de ejecución; por tanto, las dos se complementan y no pueden tomar caminos diferentes ya que atentarían a su permanencia.
A nivel interestatal, es generalmente conocido y aceptado que el manejo de la política internacional se encuentre en manos del Presidente de la República o Jefe de Estado; la Constitución Política del Ecuador dispone que la definición de dicha política le corresponde al Primer Mandatario y la legislación interna resalta que el Ministerio de Relaciones Exteriores es el órgano ejecutor de la misma.
La columna vertebral del sistema jurídico de nuestro país es la Constitución, la misma que contempla los principios de su política exterior, haciendo énfasis a que ésta “responderá a los intereses del pueblo ecuatoriano” por lo cual: proclama la independencia e igualdad jurídica de los Estados; propugna la solución pacífica de los conflictos internacionales; y, reconoce al Derecho Internacional como norma de conducta.
El Estado ecuatoriano, para llevar a la práctica tales principios -como los demás integrantes de la comunidad internacional- ha formado a ciudadanos aptos y profesionales, conocidos como diplomáticos, para que conduzcan las negociaciones en la vida diaria de relación interestatal.
Dichos funcionarios, están bajo la égida del Ministerio de Relaciones Exteriores y se rigen por las disposiciones de la Ley Orgánica del Servicio Exterior, LOSE, norma vigente que instituyó la carrera diplomática dentro del servicio civil ecuatoriano “con el fin de obtener el mayor grado de eficiencia en las funciones, mediante la implantación del sistema de mérito que garantice la estabilidad de los funcionarios idóneos”.
Por tanto, la sociedad ecuatoriana debe permanecer vigilante para que, la política exterior del país, responda a sus legítimos intereses y que la aplicación de la misma se halle en manos de ciudadanos intachables, profesionales, capacitados y respetuosos de la Constitución y de la Ley.
La improvisación en la política y en la diplomacia debe desterrarse del colectivo ecuatoriano, con la finalidad de que el país recupere el sitial al que se hizo acreedor hasta el 2006, a través del respeto a la normativa internacional y a la carrera diplomática nacional, particulares que ubicaron a la diplomacia ecuatoriana en el tercer lugar en la región, después de Itamaraty (Brasil) y Torre Tagle (Perú).
