La investigación más grande sobre fortunas tiene varias aristas. Conozca aquí los descubrimientos más destacados.
Se abrió la caja de Pandora de los paraísos fiscales. Pero el problema no son los paraísos fiscales, los negocios off shore o los dineros depositados en esos lugares. El problema es cómo se obtuvieron y cuál fue el origen de esos dineros, cómo pudieron evadir controles tributarios en los países de origen y quiénes fueron los beneficiarios.
Doce millones de documentos reservados han descubierto negocios offshore (cuya traducción sería fuera de borda o costa fuera) de políticos, estrellas del deporte y el espectáculo, pero también de altos oficiales militares y grandes ejecutivos de compañías. Desde el rey de Jordania al presidente ucraniano, de un ministro neerlandés a los dictadores africanos, desde Julio Iglesias a la modelo Claudia Schiffer. Cinco años después de los Papeles de Panamá se publica una nueva investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), con un trabajo conjunto de 600 periodistas de 150 medios de comunicación del mundo.
La investigación periodística descubrió las fortunas de miles de poderosos de todo el mundo escondidas en paraísos fiscales. Son 35 jefes de estado o de gobierno. Más de 300 políticos en alrededor de 90 países: ministros, líderes de partidos políticos, parlamentarios, así como militares de alto rango, jefes de servicios secretos, administradores públicos y privados, banqueros, industriales. Los nuevos documentos, denominados Pandora Papers, documentan negocios millonarios donde aparecen los nombres de los beneficiarios que, hasta ahora, se mantenían en secreto.
Entre los nombres más destacados de los accionistas de este velo de sociedades con ventajas fiscales en el extranjero están el premier de la República Checa, el ministro neerlandés de economía, el ex primer ministro británico Tony Blair, el rey de Jordania y los presidentes en funciones de Ucrania, Kenia, Chile y Ecuador. También aparecen celebridades del deporte, la moda y el espectáculo. Y no solo ellos: también hay exterroristas, banqueros declarados en bancarrota, narcotraficantes y capos mafiosos.
Miles de personajes de diversos orígenes e historias personales, unidos por una única línea roja: son clientes de 14 estudios jurídicos exclusivos, que producen negocios offshore, es decir sociedades ubicadas en jurisdicciones extraterritoriales, donde se cobra pocos o ningún impuesto y sus titulares permanecen en el anonimato, ocultando sus riquezas a los países de origen, a la justicia, a los votantes y al resto de ciudadanos, obligados a pagar en nombre de estos privilegiados los costos de salud, seguridad, educación, construcción de vías, obras de infraestructura y otros servicios esenciales financiados con ingresos fiscales y pago de impuestos.
Los daños causados a las sociedades con la proliferación de estos refugios offshore aumentaron en la pandemia, con una crisis económica sin precedentes donde los estados multiplicaron los gastos en salud y ayuda a los más vulnerables.
¿Qué es un paraíso fiscal? Es una mala traducción del inglés tax haven, literalmente un refugio fiscal. Son territorios donde crear sociedades mercantiles es una de las principales o quizás la única industria. Atraen con ventajas fiscales a inversionistas de otros países que quieren reducir o eliminar cargas tributarias, a condición de mantener el anonimato, para que sea difícil identificar a los verdaderos beneficiarios.
Estos territorios, llamados paraísos fiscales, no comparten su información con las autoridades de países que la requieran. Aunque no existe una lista completa de estas jurisdicciones (incluso hay estados de EE.UU. que podrían ser considerados como tales), cada país decide con cuáles suscribe acuerdos tributarios o de intercambio de información. Esos pactos han posibilitado a la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico) eliminar a algunos calificados como “estados no cooperativos”.
Una sociedad offshore, cuyo significado literal sería “más allá de la orilla del mar” o “fuera de la playa” (porque on shore es “en tierra”), aunque metafóricamente sería “fuera del territorio”, es una entidad creada en un país distinto de aquel donde residen sus beneficiarios. Este tipo de sociedades suelen ser necesarias para grandes flujos de capitales. Esa parte de la economía offshore no solo es legal, sino que en una economía como la actual, deslocalizada y globalizada, se hace necesaria.
El problema se da cuando son creadas en jurisdicciones opacas para evitar o eliminar cargas impositivas y tener confidencialidad. Muchas de esas compañías no tienen actividad real en los países donde se registran y no tienen oficina ni empleados. Pueden ocultar y eximir de responsabilidades fiscales o legales al verdadero dueño de activos que pueden ser financieros, inmobiliarios, obras de arte o vehículos, entre otros. Un estudio de 2017 señala que un 10% del PIB mundial está en sociedades offshore.
Existe una industria especializada en trámites para que los interesados de cualquier lugar del mundo cree sociedades en secreto en esos paraísos fiscales. Muchos despachos de abogados son expertos en que el cliente no deje huellas de su identidad en documentos oficiales (actas de incorporación o registros de accionistas). Algunos de esos bufetes son considerados como los mayores proveedores a nivel mundial, como las firmas Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), Trident Trust o Asiaciti.
Con estos servicios, una persona que nunca salió del Ecuador puede registrar una sociedad en Hong Kong o en las Islas Caimán. Pero, para mantener la sociedad o crear estructuras más complejas, debe tener un despacho de abogados o asesores fiscales del país donde vive.
De hecho es legal tener sociedades en paraísos fiscales, siempre que los activos y beneficios por su actividad sean declarados a las autoridades del país donde el beneficiario vive. Grandes empresas mundiales tienen presencia internacional con subsidiarias en estos territorios para aligerar cargas fiscales. Pero, si son legales ¿por qué surgen investigaciones como los Panamá Papers o los Papeles de Pandora? Ocurre cuando esas sociedades y sus ganancias son escondidas en esas jurisdicciones y no se declara su existencia a las autoridades del país en donde vive quien hizo esas operaciones.
La investigación, coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) se llama Papeles de Pandora, porque destapa un vaso de venenos de alcance mundial. Son más de 11,9 millones de documentos con los nombres de alrededor de 29 000 beneficiarios de sociedades offshore hasta ahora desconocidos. Tras esos papeles consignados a agentes fiduciarios aparecen inversiones, patrimonios fuera de sus países de políticos europeos y sudamericanos, dictadores africanos, ministros asiáticos, jeques árabes, oligarcas rusos (incluidos Vladimir Putin y su amante).
Es una super casta de más de 130 multimiliardarios (en millones de millones de dólares) estadounidenses, indios, mexicanos y de otras naciones. Los resultados de la investigación desarrollada durante cuatro años fue el fruto de un trabajo colectivo de más de 600 periodistas de 150 medios de comunicación mundiales, como el Washington Post, Le Monde, la BBC El País de España, sitios web rusos y diarios sudamericanos, indios, australianos y africanos, la revista italiana Espresso, televisoras suecas y alemanas.
Periodistas de 117 países diferentes trabajaron juntos, intercambiando a diario noticias y documentos, fotografías y contactos en una plataforma informática creada por el consorcio, y que fueron publicados simultáneamente el pasado 3 de octubre. “Pandora Papers es la más grande investigación colectiva de la historia del periodismo”, escribe la ICIJ en su presentación.
Los Papeles de Pandora documentan, entre miles de historias nunca contadas hasta hoy, que el rey de Jordania, Abdullah II, adquirió mansiones y terrenos en EE.UU. y Londres por más de 100 millones de euros (unos USD 115 530 606,12 a la cotización actual), mediante offshore personales, mientras su gobierno recibía miles de millones de dólares del gobierno estadounidense para combatir el terrorismo y evitar una revolución árabe en un país aliado. El rey, mediante un portavoz, respondió que él, como soberano, “no paga impuestos y que sus inversiones fuera del país no se declaran por razones de seguridad y privacidad”.
En Europa, el premier checo Andrej Babis, que lidera un gobierno populista de derecha, usó una sociedad pantalla en las Islas Vírgenes Británicas, en 2009, para adquirir una propiedad de USD 22 millones y medio en la costa azul francesa. Nunca declaró esa propiedad a las autoridades tributarias de su país. Curiosamente, en 2017 ganó las elecciones prometiendo combatir la corrupción y los privilegios de las elites.
En Países Bajos, el ministro de Economía, Wopke Hoekstra, un cristiano democrático entró en 2009 en una offshore controlada un grupo de ex administradores de un poderoso grupo bancario de Amsterdam, Abn-Amor y se convirtió en uno de los accionistas anónimos de una conocida compañía de safaris en África. Estuvo dentro del offshore incluso cuando era senador, pero nunca declaró sus inversiones en el exterior.
En Ucrania, el jefe de estado, Volodimyr Zelensky, un ex cómico con mucho éxito en un show de televisión que lo catapultó a la presidencia tuvo, secretamente por años, a través de una sociedad offshore, una empresa de producción y distribución de películas y programas de televisión. En marzo de 2019, un mes antes de las elecciones, cedió sus acciones a su amigo Sergiy Shefir quien, tras el éxito electoral, fue nombrado por Zelensky como asesor de la presidencia ucraniana. Hace poco Shefir se libró de un misterioso intento de homicidio: un comando armado hirió a su chofer.
En Chipre, el estudio jurídico Anastasiades & Partners ayudó a muchos oligarcas de Moscú, como revela su correspondencia interna, a crear nuevos offshores para evitar sanciones internacionales. Pero, el negocio más sorprendente que aparece es el de Svetlana Krivonogikh, señalada por la prensa independiente como una ex enamorada y madre de una hija no reconocida de Vladimir Putin.
Los Pandora Papers revelaron que la amiga del presidente se convirtió en la beneficiaria de una sociedad offshore constituida en 2003, un mes después del nacimiento de su hija, cuando compró por USD 3,6 millones una residencia con vista al mar en el principado de Mónaco. El negocio fue gestionado por los mismos agentes fiduciarios que aun trabajan para los oligarcas más cercanos al presidente Putin. En la época del presunto romance, Svetlana era trabajadora de limpieza en un hotel. Actualmente su patrimonio personal es de USD 100 millones.
Antecedente: los Papeles de Panamá
Los Papeles de Panamá fue una investigación periodística que, en 2016, reveló por primera vez los secretos de los offshore, basada en documentos reservados de un estudio legal panameño, Mossack Fonseca. Los Papeles de Pandora provienen de 14 sociedades internacionales basadas en Dubái, Singapur, Chipre, las Islas Vírgenes Británicas, Belice, las Seychelles, hasta ciudad de Panamá, donde la fuga de noticias se relacionó con el estudio jurídico Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), que tiene entre sus fundadores a un exembajador panameño en EE. UU.
Los documentos que obtuvo el consorcio ICIJ cubrieron 25 años de operaciones offshore, (entre1996 y 2020), pero los primeros se remontan a 1970. Cada “proveedor offshore” tiene una constelación de oficinas y filiales en decenas de paraísos fiscales que funcionan como fábricas de sociedades anónimas, a disposición de bancos, agentes fiscales y estudios legales famosos que captan clientes millonarios en todo el mundo.
Entre algunas de las celebridades con inversiones en los offshore están la super modelo alemana Claudia Schiffer (siendo su madre la titular de sus cuentas), estrellas de la música como Shakira y Elton John, personalidades del fútbol como los entrenadores Pep Guardiola y Carlo Ancelotti, del motociclismo y de otros deportes como el cricket. El cantante español Julio Iglesias, de 78 años, es beneficiario de al menos 20 sociedades en las Islas Vírgenes Británicas, paraíso caribeño donde no se paga impuestos, usadas por Iglesias, en particular, para adquirir mansiones y terrenos en Florida, al norte de Miami, en la exclusiva isla privada de Indian Creek, protegida como un búnker, con guardias armados, por un valor declarado de USD 111 millones.
Como ocurrió con Mossack Fonseca en Panamá, muchas de las 14 sociedades internacionales de gestión fiduciaria de las riquezas de los VIP están relacionadas con el poder político, que decide las normativas fiscales y tributarias y con las autoridades de control que deberían investigarlas, incluso a pedido de jueces extranjeros. Belice es un paraíso offshore que garantiza el anonimato total y por eso es un país frecuentado por peligrosos criminales y lavadores de dinero sucio. Las dos agencias fiduciarias más importantes fueron creadas por el ex procurador general de ese estado. En Chipre el primer proveedor de offshore es un estudio de consultoría legal y fiscal fundado por el actual presidente, Nicos Anastasiades, y actualmente lo manejan sus dos hijas.
Los Pandora Papers mostraron que un boss de la camorra (mafia napolitana), Raffaele Amato, usó una compañía de fiduciarios de Montecarlo como pantalla de una sociedad -caja fuerte inglesa que compró terrenos e inmuebles en España-. Amato fue el jefe de una alianza de clanes camorristas que estuvo en el centro de la sangrienta guerra de mafias que inspiró el libro de Roberto Saviano y la serie televisiva del mismo nombre, Gomorra. Arrestado en 2009 tras años de exilio en España, fue extraditado a Italia, donde cumple una condena de 20 años de cárcel.
Los Papeles de Pandora sacaron a la luz muchos documentos de sociedades offshore que están siendo investigadas por el fisco español, como es el caso de Carlo Ancelotti, exfutbolista y hoy entrenador del Real Madrid o los cantantes Miguel Bosé y Shakira.
El caso latinoamericano
Varios gobernantes latinoamericanos, entre ellos los presidentes de Chile, Ecuador y República Dominicana, constan en los ‘Papeles de Pandora’. En el caso del mandatario chileno, Sebastián Piñera, los medios locales CIPER y LaBot revelaron la compraventa en las Islas Vírgenes Británicas de la Minera Dominga al empresario Carlos Alberto Délano (su amigo de infancia). Según una publicación del diario El País, la familia del mandatario vendió la empresa a Délano con un acta firmada en Chile por USD 14 millones y otra en las Islas Vírgenes por USD 138 millones. La operación fue en diciembre de 2010, cuando Piñera tenía nueve meses como presidente.
Los pagos serían en tres plazos y en el último pago se ponía como condición que no se abra un área de protección ambiental en la zona de operaciones de la minera, un reclamo de grupos ambientalistas. “El presidente nunca ha participado ni ha tenido información alguna respecto del proceso de venta de Minera Dominga”, señaló un comunicado de la Presidencia. El mandatario fue investigado en 2017 y fue librado de toda responsabilidad.
También aparece Luis Abinader, presidente de República Dominicana, con dos sociedades en Panamá (Littlecot Inc. y Padreso SA), creadas antes de su llegada al poder, según investigación del medio dominicano Noticias Sin. Las acciones de estas sociedades eran “al portador”, señala el medio, diciendo que era “un instrumento utilizado para ocultar los beneficiarios de las compañías”. Abinader “se registró públicamente como beneficiario en 2018, tres años después de la entrada en vigor una ley que obliga a las empresas a divulgar la identidad de sus dueños”, informaba El País. En 2020, antes de jurar el cargo, el mandatario declaró nueve sociedades offshore controladas a través de un fideicomiso, pero dice no tener ninguna participación en la administración del mismo.
El tercer presidente que aparece en la investigación es el ecuatoriano Guillermo Lasso. Según El Universo, el mandatario controlaba 14 sociedades offshore, la mayoría en Panamá, que cerró luego de que el correísmo (2007-2017) aprobara una ley que prohibía a candidatos presidenciales y políticos a tener empresas en paraísos fiscales.
Lasso, dijo que invertía en otros países porque la legislación nacional “impedía a los banqueros invertir en su país”, según El País. En una declaración pública dijo que “mi patrimonio, contenido en la declaración de bienes rendida ante la Contraloría General del Estado, es fruto de mi trabajo de toda mi vida en el Banco Guayaquil. Todos mis ingresos han sido declarados y han pagado los impuestos correspondientes en Ecuador. Lasso dice que es “uno de los mayores contribuyentes a título personal en el país”.
La investigación también incluye a once exmandatarios latinoamericanos: Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli y Ernesto Pérez Balladares de Panamá; César Gaviria y Andrés Pastrana de Colombia; el destituido Pedro Pablo Kuczynski en Perú; el hondureño Porfirio Lobo y el paraguayo Horacio Cartes. También aparece en los documentos filtrados Paulo Guedes, ministro de economía y hombre fuerte del gobierno del presidente brasileño Jair Bolsonaro.
El ICIJ estableció vínculos entre activos offshore y 336 altos ejecutivos y políticos, que crearon cerca de 1 000 empresas, dos tercios de las cuales están en las Islas Vírgenes Británicas. En muchos países, estos hechos no pueden ser juzgados.
Países opacos
Aunque no forma parte de esta investigación del ICIJ, tampoco queda claro tampoco qué sucede en países cuya opacidad en estos temas y de los que no se puede obtener información por restricciones de información y por las dificultades y riesgos para los periodistas, como Venezuela, Bielorrusia o los Emiratos Árabes Unidos, donde algunos de los políticos delincuentes han dejado sus dineros sin rastro para encontrarlos.
Rafael Correa debería responder por los USD 500 000 que le depositó en un paraíso fiscal un tal economista uruguayo, Guillermo Oglietti, uno de los fundadores de la Celag, que creó una empresa extraterritorial (Cruper) en Uruguay (ver la nota “los contratos de Correa con Podemos huelen mal”) para la seguridad de Rafael Correa y su familia en Europa (cuando dejó el poder), así como los 45 vuelos de los aviones presidenciales a lugares considerados como paraísos fiscales, sin manifiestos de carga ni información sobre los contenidos que se transportaban (ver la nota “Aviones presidenciales no era por usarlos, sino cómo y para qué se usaron”).